Mariano Moreno advirtió que el nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante busca el “desguace del sector marítimo nacional”

El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, Capitán Mariano Moreno, calificó como “el tiro de gracia a la Marina Mercante Nacional” al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 firmado por el presidente Javier Milei y advirtió que la norma habilita una competencia desleal de flotas extranjeras, promueve la precarización laboral en el sector y representa un retroceso histórico en términos de soberanía, empleo y desarrollo industrial.

La norma modifica sustancialmente la Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante e Integración Fluvial Regional, y fue firmada por el presidente Javier Milei junto a buena parte de su gabinete: Federico Sturzenegger (Desregulación), Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete), Luis Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Gerardo Werthein (Infraestructura).

Moreno no dudó en calificar el decreto como “nefasto” y advirtió que abre las puertas a una precarización laboral sin precedentes en el sector. Además, sostuvo que el objetivo detrás del DNU es claro: bajar los costos del flete fluvial recortando salarios y derechos laborales. “Los argumentos que expresan en sus considerandos no son reales y no van a generar ningún desarrollo de la Marina Mercante Nacional. Muy por el contrario, lo que hacen es abrir las puertas de forma irrestricta a buques de bandera extranjera y a trabajadores extranjeros”, sostuvo.

Uno de los puntos más polémicos del DNU es la flexibilización del cabotaje nacional, que permitirá a barcos extranjeros operar por hasta 60 días, con posibilidad de renovar indefinidamente ese plazo mediante maniobras legales. “Por ejemplo, una empresa paraguaya podría alternar dos buques, uno operando en tráfico troncal y otro haciendo cabotaje interno en Argentina. Cumplido el plazo, intercambian las naves y siguen operando. Esto es competencia desleal para las empresas nacionales, que no tienen los mismos beneficios impositivos ni regulatorios”, denunció Moreno.

Además, cuestionó el nuevo esquema de contratación de tripulantes, que deja de lado los convenios colectivos locales para regirse por convenios internacionales que establecen salarios mínimos y condiciones básicas.

“Esto no genera trabajo argentino ni mejora el sector, sino que lo hunde en la precariedad y lo expone a una vulnerabilidad permanente”, advirtió.

Por otro lado, Moreno recordó que la Ley 27.419, sancionada en 2017 con el respaldo de los gremios, fue vetada parcialmente por el expresidente Mauricio Macri, quien eliminó los artículos que otorgaban promoción y financiamiento. “Casualmente, Sturzenegger también estuvo involucrado en ese entonces y ahora le da la estocada final a una actividad que tiene capacidad de movilizar a todas las industrias del país”, afirmó.

“El decreto no busca incorporar más buques a la bandera argentina, sino al revés: fomenta que las empresas se pasen a otras banderas. No hay incentivos para invertir, ni para contratar trabajadores nacionales, ni para modernizar la flota. Esto es lisa y llanamente el desguace del sector marítimo nacional”, sentenció.

El dirigente gremial adelantó que se impulsarán acciones gremiales y judiciales para frenar el decreto. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Esto no puede quedar así. Este decreto es el tiro de gracia a la Marina Mercante Nacional y bajo ningún punto de vista puede considerarse como un proyecto de desarrollo. Es un retroceso histórico”.

La nueva disposición declara a la actividad como “esencial” y para el dirigente se trata de una imposición para limitar el derecho a huelga: “Es una forma distinta de cercenar un derecho consagrado, disfrazado de esencialidad que no tiene justificación. Acompañamos a esa figura durante la pandemia, que fue una situación gravísima, pero no estamos en ese escenario. Ahora es un ataque directo a los trabajadores”.

“Si este modelo se impone, el país pierde soberanía, empleo y desarrollo industrial. Solo ganan unos pocos que se benefician con mano de obra barata y flotas extranjeras operando impunemente en nuestras aguas”, concluyó.

Mientras el Gobierno celebra una medida que, aseguran, “libera al mercado” y “moderniza la logística”, desde el movimiento obrero fluvial sostienen que es la entrega definitiva de la soberanía marítima y fluvial argentina.